junio 15, 2017

Macri elimina 160.000 pensiones por invalidez otorgadas por el kirchnerismo

El gobierno argentino denuncia que desde 2003 los beneficiarios se multiplicaron por diez Sigue leyendo

CARO

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, visita a vecinos de Garín, en la provincia de Buenos Aires, en abril pasado.

El dinero destinado a la ayuda social fue marca del kirchnerismo. Los fondos del Estado abundaban y los planes se multiplicaban. Pero la situación ha cambiado: Mauricio Macri se propuso no superar el 4,2% de déficit fiscal para 2017 y para ello limita todo lo que puede el gasto. Si bien Macri prometió no tocar la ayuda a los más pobres, el ministerio de Desarrollo Social eliminó desde enero y sin previo aviso 70.000 pensiones de 290 dólares por invalidez, que sumadas a las 90.000 que dio de baja durante el año pasado eleva a 160.000 el número de personas que perdieron el beneficio del Estado. Ante las críticas opositoras, rápidas en momentos en que Argentinainicia la campaña electoral por las elecciones legislativas de octubre, el gobierno aclaró que no se trató de un recorte por falta de recursos sino “producto de irregularidades detectadas en revisiones de rutina”. Denunció así que sólo puso límites a decenas de miles de pensiones otorgadas a personas que supuestamente nos las necesitaban.

El Gobierno insiste en que encontró en Desarrollo Social un descalabro que era necesario resolver. Pero la ministra de la cartera, Carolina Stanley dijo que no es la intención oficial dejar sin pensión a quienes “la merecen”. “No hará un recorte masivo”, dijo. El presidente de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dijo que hasta el año 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, los discapacitados que recibían ayuda estatal eran 180.000. Pero que entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, hasta alcanzar 1,8 millones. “Se otorgaron pensiones en locales partidarios. Hoy hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido”, dijo.

El gobierno apeló entonces a un decreto presidencial de los años 90, firmado por Carlos Menem, y lo aplicó a rajatabla. El texto dice que no merece la ayuda el discapacitado que esté a cargo de alguien que tenga una pensión no retributiva o un bien a su nombre. Según los parámetros establecidos por el Gobierno, estas condiciones se cumplen cuando el ingreso del tutor supera los 1.100 dólares o el del cónyuge equivale a una jubilación mínima, es decir 380 dólares, la mitad de lo que cuesta la canasta de alimentos que toman las estadísticas oficiales para establecer el índice de pobreza.

El decreto permitió a Desarrollo Social quitar el beneficio a casi 16.500 personas sólo en el mes de junio. “Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario, no hacemos nada extraordinario ni nuevo. Una persona con síndrome de down, por ejemplo, no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, dijo Badino. Y aseguró que en 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, “se dieron de baja 168.500 pensiones”.

El recorte no pasó desapercibido en la oposición. La expresidenta Kirchner escribió en su cuenta en Telegram, el medio que usa habitualmente para sus declaraciones políticas, las palabras “Sinvergüenzas” y “Basta”, aunque sin hacer referencias a las denuncias que recibió desde el macrismo acerca del supuesto uso político de las pensiones. Senadores de su partido presentaron además en el Congreso un proyecto de ley para limitar la aplicación del decreto que justificó los recortes. Desde la Defensoría del Pueblo, en tanto, instaron a Macri a revertir las anulaciones porque los damnificados no fueron advertidos. “Muchos tomaron conocimiento de la cesación de su beneficio en la entidad bancaria al momento del cobro. No tuvieron la posibilidad de prever la falta de ese ingreso, colocándolos en un grave estado de desamparo, y no permitiendo el ejercicio de los recursos administrativos por el ocultamiento de los fundamentos”, dice un documento de la oficina.

Las suspensiones afectaron a miles de personas, con algunos casos mediáticos como el de Yanina Martínez, la primera atleta argentina paralímpica en ganar una medalla de oro. La mujer tiene parálisis cerebral y ganó la prueba de los 100 metros llanos en Río de Janeiro 2016. Su esfuerzo fue reconocido incluso por Macri. Pero en febrero el Estado suspendió su pensión porque meses atrás consiguió un patrocinio, según explicó su madre, Claudia Chávez, un dinero “que reparte entre todo el equipo”. “Quizás cortaron a ciegas, Yani no tiene casa ni nada. Desde febrero no percibe el subsidio y nos dijeron que la decisión llegó porque tiene ese dinero del Banco Provincia de Buenos Aires”, explicó la mujer a radio Dos de Rosario. Menos de 24 horas después del reclamo público de Chávez, el ministerio devolvió la pensión a su hija.

El gobierno no dio marcha atrás con los recortes a las pensiones, pero admitió que puede haber casos injustos y prometió revisarlos. “Cada uno de los casos que fueron un error nos duele, pero tenemos responsabilidad como Estado de luchar contra las mafias y el clientelismo”, dijo Stanley. Las eventuales soluciones no serán automáticas. A los perjudicados los instó a presentar personalmente su reclamo en las oficinas del ministerio, donde serán atendidos “con pronto despacho”.

  • Texto: FEDERICO RIVAS MOLINA (EL PAIS)
  • Foto: TELAM
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