Una huelga contra Macri suma tensión social a la crisis económica

La situación económica argentina ya no puede desligarse, a seis meses de las elecciones presidenciales, de la situación política. El país vivió el martes una huelga muy desigual, que afectó básicamente al transporte y a la ciudad de Buenos Aires. El paro tuvo como referencia al líder sindical Hugo Moyano, disidente de la histórica Confederación General del Trabajo (que no secundó la medida) y figura señera del peronismo más vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno acusó a Moyano de querer «crear un caos» con objetivos políticos y presentó una demanda penal contra los convocantes de la huelga.

Hugo Moyano, un hombre poderoso (es también presidente del club de fútbol Independiente de Avellaneda) y muy polémico, planteó el paro como un movimiento estratégico: su objetivo es empujar a la CGT hacia una huelga general masiva en los próximos meses, con el fin de acorralar al gobierno. La idea no consiste tanto en forzar un cambio en la política económica como en debilitar a Mauricio Macri para conseguir una victoria electoral del peronismo en octubre y noviembre.

El seguimiento de la huelga fue grande en los transportes (no hubo vuelos nacionales ni internacionales, no funcionaron ni el metro de Buenos Aires ni el ferrocarril Sarmiento y 75 líneas de autobuses quedaron sin apenas servicio), en la administración pública (la Asociación de Trabajadores del Estado, con casi 300.000 afiliados, secundó la protesta) y en la enseñanza, en especial la pública. En la CGT se debate sobre una posible huelga masiva en el futuro, pero no parece haber entusiasmo por la idea.

La situación económica justifica las protestas. Los salarios pierden poder adquisitivo por la inflación, la recesión cierra empresas y uno de cada cuatro argentinos vive en la pobreza, es decir, con menos de cuatro dólares diarios y con graves carencias sanitarias y de vivienda. Pero la situación también justifica la prudencia: la crisis es grave y las medidas de fuerza podrían empeorarla, incluso causar un colapso. El presidente Mauricio Macri insistió en que sus políticas eran las únicas válidas: «Sería muy fácil dar un giro hacia atrás y tomar los recursos que tenemos y gastarlos», dijo, «pero los argentinos hemos decidido no volver atrás».

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a los convocantes de usar métodos «violentos y gangsteriles» para obligar a los trabajadores a secundar la huelga. Su ministerio presentó una demanda penal ante el Juzgado Federal número 2 de Morón contra Hugo Moyano, Sergio Palazzo (de la Asociación Bancaria) y otros sindicalistas con el objetivo de que pagaran los costes del operativo policial y los daños causados por los piquetes. Al menos 12 miembros de piquetes fueron detenidos con armas de fuego, cuchillos y bidones de gasolina, y también se detuvo a otras 20 personas por actos de vandalismo en la calle, según la policía. Varios autobuses fueron incendiados y la fachada del banco JPMorgan en Buenos Aires quedó cubierta de pintura tras un escrache.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que Moyano y sus aliados quisieron «demostrar su poder con la fuerza». «Intentan amenazar, amedrentar y generar violencia. Esto», dijo por la mañana, «no es un paro general, es un paro de un grupo de sindicatos al que la gente no se ha adherido. Van a hacer lo imposible para que la gente se sume a través de la violencia y generando miedo».

Pablo Moyano, hijo de Hugo Moyano y secretario general adjunto del Sindicato de Chóferes de Camiones, responsabilizó al gobierno de «cualquier acto de violencia» y lamentó que se atribuyera la huelga a su familia: «Personificar una medida de fuerza en los Moyano cuando convocan más de 70 centrales sindicales… Están encerrados en su propia soberbia y hacen lo que les dice el FMI», declaró, en referencia al gobierno, a El Destape Radio. En la misma emisora, el líder de la CTA (Central de Trabajadores de Argentina) autónoma, Pablo Micheli, dijo que habría protestas «hasta el último día del mandato de Macri» y vinculó directamente la huelga con el kirchnerismo: «Si abandonamos la calle se pone en duda el triunfo del frente popular que encabezará Cristina en las elecciones, tenemos que ayudarla». La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no ha anunciado aún su candidatura.

A mediodía, miles de personas empezaron a marchar por la Avenida de Mayo bonaerense hacia la Casa Rosada. La mañana fue muy complicada para quienes quisieron desplazarse al trabajo con vehículo privado, debido a los cortes de calles en el centro y del puente La Noria, al sur de la ciudad. La policía logró, sin embargo, mantener despejados los principales accesos urbanos y la Panamericana, donde unos piquetes intentaron montar barricadas.